Me temo que la lista de prácticas antidemocráticas de muchos centros concertados en este país llenaría folios y más folios. Estos centros gozan de todos los recursos públicos, pero en muchos casos llevan a cabo la exclusión de determinados colectivos que consideran impropios para su proyecto educativo: estudiantes con discapacidades, hijos de inmigrantes o pertenecientes a clases populares marginales... ¡Mejor que este tipo de estudiantes esté en la enseñanza pública!
Hoy en Público, la escritora Ángeles Caso describe en una breve columna una de estas prácticas llevada a cabo por un colegio público concertado de Madrid.
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